Es necesario replantear la política de apertura de datos | Jorge Florez

El Barómetro de Datos Abiertos 2020 muestra que Colombia ha avanzado en consolidar las políticas públicas de datos abiertos y fortalecer la implementación de dichas políticas. Así mismo, muestra que el país aún enfrenta desafíos relevantes para facilitar que agencias de gobierno, sociedad civil y sector privado utilicen los datos para generar impacto político, social y económico. Estos resultados reconocen los esfuerzos del gobierno colombiano y brindan una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de ajustes en las prioridades de política y la regulación para contribuir a la generación de impacto a través del uso de datos.

En materia de logros, Colombia mantiene una posición de liderazgo alcanzando el tercer lugar regional gracias a una amplia mejora en la implementación de apertura de datos y mejoras menores en la preparación e impacto. El país ha consolidado su preparación para la apertura a través de la promoción del uso de datos por emprendedores, el mantenimiento de garantías para la participación de la sociedad civil y el aumento de iniciativas de datos lideradas por gobiernos subnacionales.

Así mismo, la publicación de conjuntos de datos para la política social y la innovación ha mejorado. Los conjuntos de datos en estas categorías muestran un mayor avance en las estadísticas ambientales (60 puntos), los datos sobre crímenes (30 puntos), y un menor avance en los datos de contrataciones públicas, comercio internacional, mapas y propiedad de la tierra (20 puntos en cada uno). Los conjuntos de datos en estas áreas alcanzan puntajes superiores a 80, apertura solo opacada por la baja disponibilidad de datos sobre transporte público.

Estos resultados evidencian que el gobierno Colombiano tiene capacidad para mejorar la apertura de datos, promover el uso de estos y generar garantías para el reuso por el sector privado y la sociedad civil. Ahora bien, hay resultados en el barómetro que encienden alarmas sobre la apertura de datos útiles para la rendición de cuentas y que llaman a repensar las estrategias gubernamentales para proveer el acompañamiento y condiciones necesarias para que el reuso de datos genere impactos positivos en el desarrollo del país.

La publicación de datos para la rendición de cuentas experimentó retrocesos relevantes. Aunque el país mejoró en 90 puntos la apertura de la información sobre el gasto público, esta es una excepción. Los demás conjuntos en esta área vieron avances menores y retrocesos importantes. Los datos sobre legislación y elecciones alcanzan solo niveles medios de apertura (65 y 70 puntos respectivamente), mientras que los datos sobre registro de compañías y presupuesto público han retrocedido de modo importante en sus niveles de apertura (35 y 40 puntos respectivamente). A pesar de que la información sobre presupuestos y registro de compañías es clave para luchar contra la corrupción y brindar oportunidades para la incidencia ciudadana en la distribución y uso efectivo de recursos públicos, el barómetro identifica que en 2020 estos datos no están disponible en formatos abiertos, no cuentan con licencias abiertas y son difíciles de encontrar aún para audiencias expertas.

El poco avance y retroceso en los conjuntos de datos para la rendición de cuentas lleva a cuestionar la voluntad política del gobierno para luchar contra la corrupción y brindar oportunidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos. Es notable que a pesar del liderazgo regional de Colombia, el país tiene el menor nivel de apertura de su presupuesto y se ubica de 15, sobre 24, en la publicación del registro de compañías.

Finalmente, en 2020 la política gubernamental de apertura retrocedió y el impacto no muestra mejoras significativas a pesar de los avances en la implementación y preparación. Es relevante que la priorización de apertura de datos para la innovación y la política social no ha llevado a un mayor impacto social y económico, mientras que la sociedad civil y los medios han encontrado estrategias para alcanzar impacto político a pesar de los retrocesos de la apertura de datos para la rendición de cuentas.

Estos resultados son una invitación a generar un diálogo amplio sobre los éxitos, fracasos y lecciones aprendidas en torno a la apertura y reuso de datos abiertos en el país, con énfasis en las acciones necesarias para continuar avanzando y evitar retrocesos. Algunos temas relevantes a considerar en esta revisión de la política y regulación son:

• ¿Qué factores han permitido el impacto político a pesar de las limitaciones en la apertura de datos? y ¿cómo pueden estos factores ser utilizados para avanzar en el impacto económico y social?

• ¿Qué factores limitan el reuso de datos y qué estrategias pueden ser más efectivas para abordarlos?

• ¿Qué estrategias pueden ser utilizadas para sostener y aumentar la voluntad política alrededor de la publicación y reuso de datos abiertos?

• ¿Cómo pueden aprovecharse los procesos de diálogo y colaboración existentes, como planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto y participación en la Iniciativa Global para la Transparencia Presupuestal, para identificar y abordar desafíos específicos en la política y legislación?

Argentina: Logros, alarmas y un largo camino a recorrer | Romina Colman

“Se hizo mucho, pero hay que profundizar la política de datos abiertos”. Esta frase podría ser un buen resumen de los resultados que obtuvo la Argentina en la primera edición latinoamericana del Barómetro de Datos Abiertos. La medición posiciona a este país en el segundo lugar en el ranking de la región y esto es, sin lugar a dudas, una noticia muy alentadora y para festejar.

Al igual que en 2017, para las 15 áreas temáticas evaluadas existen datos gubernamentales que le permiten a las organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas y a la ciudadanía en general, acceder a la información sobre el presupuesto nacional, las compras públicas, salud y educación, entre otros aspectos. Sin embargo, una mirada detallada de los resultados también enciende algunas alarmas. Alertas que deberían preocuparnos, pero que también podrían servir como insumo para diseñar una agenda de trabajo estratégica que ayude a enfrentar los desafíos.

Uno de estos puntos es la actualización de los datasets. Si bien es cierto que hay una mejora en relación a algunos conjuntos evaluados en 2017, casi la mitad de ellos no cuenta con información clara que indique la frecuencia de su publicación o están desactualizados. Este es el caso de datasets claves como aquellos relacionados con el desempeño del sector de salud, la educación y los contratos públicos.

Contar con datos que no estén actualizados es casi tan grave como no tenerlos. Quienes los utilizan necesitan que los conjuntos de datos estén al día para ver y analizar aquello que hoy es problemático y requiere de acciones rápidas y/o concretas. En palabras más sencillas: ¿cómo podemos influir o tomar decisiones en temas de abandono escolar o medioambiente si la información se procesa tarde o es demasiado vieja para conocer el panorama actual?

Los problemas de actualización ya aparecían como un desafío en 2017, pero su presencia en esta medición muestra que es un punto que persiste. Además, algunos conjuntos de datos que estaban actualizados dejaron de estarlo. Esto podría ser un indicador de que la política de datos abiertos aún no está consolidada y es sensible a los cambios de gobierno y a los movimientos de funcionarios. Por eso, a la voluntad política nunca hay que dejarla sola: el trabajo de funcionarios comprometidos debe estar acompañado de normativas que aseguren y sostengan los procesos en el tiempo.

Los resultados reflejan también una consolidación de los aspectos que ya se mostraban como alentadores en la edición anterior. Con excepción de 3 casos, los datasets evaluados se localizaron de manera sencilla a través de las búsquedas en internet, lo que podría ser un indicio de que los datos abiertos se están publicando usando un lenguaje más coloquial y cercano al ciudadano. Ya no es necesario hacer gran cantidad de clics ni un gran número de búsquedas hasta dar con la información en formatos abiertos. Por ejemplo: al escribir “presupuesto argentina” entre los primeros resultados aparece la página de “presupuesto abierto”. Este acceso más fácil tiene un impacto positivo en el ecosistema de datos abiertos. Si los datasets se encuentran de manera sencilla y rápida, los pedidos de acceso a la información se reducen.

Sin embargo, cuando leamos el barómetro, no tenemos que olvidar que la evaluación es una foto de un momento en particular que recoge una serie de esfuerzos – o ausencia de los mismos- de etapas anteriores. Todos ellos, acciones que tienen efectos a corto y mediano plazo. Por eso, la mejora de 16 puntos en la calificación de la Argentina en el ranking está estrechamente relacionada a las medidas que se tomaron durante los años previos – 2018 y 2019 – y para llevar a la práctica el decreto 117/2016, que fijó la Política de Datos Abiertos de la Argentina. Por ejemplo, para ayudar a los organismos del Estado en los procesos de apertura, desde el área de Datos se redactaron varias guías que explicaban de manera detallada y, paso a paso, cómo publicar y abrir la información. Además de los compromisos asumidos por la Argentina en planes de acción de la Alianza para el Gobierno (AGA) y de las reuniones con la comunidad de datos que fueron proporcionando feedback y sugerencias para mejorar las políticas.

Estos elementos tuvieron un impacto significativo que se ve reflejado en la medición de la Argentina. Ejemplo de ello es la implementación de estándares y elementos comunes que permiten la interoperabilidad de los conjuntos de datos que se publicaban. Una mejora clave que ahorra costos de desarrollo, facilita la colaboración entre organismos y el trabajo de la comunidad de los datos. En este sentido, mientras que en 2017, ninguno de los conjuntos de datos analizados contaba con elementos que permitieran la comparación entre sí, en esta edición solo los contratos públicos y los datos sobre la tierra carecen de estos identificadores.

A pesar de esto, hay otros patrones de alerta. La información medioambiental y de la propiedad de la tierra son dos grandes alarmas. En ambos casos, si bien existen datos, no están actualizados, no son fáciles de encontrar y no se encuentran en un formato que permita su monitoreo y análisis. También se necesita trabajar para que el impacto de la apertura y uso de los datos sea aún mayor. En este sentido, el trabajo y la colaboración con el sector privado debe fortalecerse.

El puntaje de la Argentina es un gran motivo de festejo, pero no debemos olvidar que estos resultados podrían no ser los mismos en la próxima evaluación si el esfuerzo para empujar la agenda no es constante. Es un momento clave para que gobiernos y funcionarios transformen la apertura en una política de Estado y, como tal, que esta sea sostenible en el tiempo. Este camino es el único posible para que las alarmas del barómetro terminen siendo solo eso. En definitiva, se trata de definir acciones estratégicas y concretas que muestren que la agenda de datos de la Argentina llegó para quedarse.

México: La apertura en un momento crítico | Juan Manuel Casanueva

México es de los países de América Latina con una constante evolución en su agenda de apertura de datos. Desde 2010, grupos de comunidades de sociedad civil, tecnología y periodismo han sido permanentes promotores de la apertura y uso de datos públicos. A partir de 2014, con el inicio de la Política Nacional de Datos Abiertos, la agenda creó un portal de datos abiertos nacional datos.gob.mx e impulsó una coordinación entre dependencias para la publicación de datos abiertos en sectores estratégicos. A través de los años, instituciones públicas como el INEGI, el CONEVAL y la Secretaría de Hacienda han realizado esfuerzos institucionales para establecer espacios digitales de datos abiertos como salida de la información pública nacional.

El Barómetro 2020 describe con preocupación la falta de continuidad de la agenda nacional de datos abiertos derivada de la transición gubernamental del 2018, en específico, en los rubros de políticas gubernamentales y las acciones del gobierno Federal. La política nacional de datos abiertos del gobierno de México en 2020 se encuentra en riesgo ante el cambio de enfoque por parte de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional cuyos programas se enfocaron dejaron de lado la apertura de datos para priorizar la política de compras de TIC, el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica y el gobierno electrónico. A pesar de la ausencia de una agenda nacional, existe continuidad institucional en la apertura de datos de la estadística nacional y la transparencia presupuestaria, entre otras instituciones clave a nivel nacional que mantienen la apertura en temáticas esenciales del país.

Dentro de la actual administración, algunas dependencias gubernamentales han puesto en marcha iniciativas ambiciosas de apertura y uso de datos como base para la toma definición de políticas públicas. Destacan las iniciativas DataMéxico de la Secretaría de Economía y el portal de datos abiertos sobre COVID de la Secretaría de Salud y CONACYT. DataMéxico es una plataforma para la exploración, visualización y descarga de datos de la economía mexicana. Por su parte, la plataforma de seguimiento nacional a la atención de la pandemia provocada por COVID19 en México cuenta con apartados de apertura de datos en torno a casos y ocupación hospitalaria.

A nivel local, aún son pocos los gobiernos con agendas de datos abiertos siendo el nivel municipal el espacio público más cerrado en materia de transparencia de información pública. Si bien hay pocas ciudades con agendas ambiciosas en la apertura de datos, aún no es una prioridad para las autoridades locales la publicación de datos abiertos así como el desarrollo de políticas públicas con base en evidencia. No obstante, existe creciente demanda e interés en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos en materia de uso y apertura de datos.

A pesar de la variabilidad en las políticas públicas de datos abiertos, las comunidades usuarias de datos cada vez son más activas y diversas. Tanto desde sociedad civil, periodismo y ciencia de datos cada vez hay más proyectos ambiciosos basados en datos abiertos buscando generar impacto social. Las comunidades técnicas también se han diversificado a medida que más especialistas se involucran en la agenda de datos abiertos. Más aún, en temas de interés nacional, especialistas de datos son críticas ante la falta de apertura y calidad de datos públicos manteniendo una exigencia cívica contínua. Ejemplo de ello está presente con los datos de salud pública en contexto COVID, contrataciones públicas, derechos humanos, seguridad y violencia en contra de la mujer.

La agenda de datos abiertos en México en el 2020 está en un momento crítico en donde el gobierno federal tiene la oportunidad de apalancar los avances institucionales pasadas y la madurez de las comunidades usuarias si asume la apertura como una prioridad e implementa una agenda coordinada entre las dependencias de gobierno. El lograr retomar esta agenda podría ser clave para sustentar acciones en necesidades prioritarias para el país tales como salud, seguridad, género, derechos humanos, pobreza y anticorrupción. De lo contrario, fuera de selectos esfuerzos institucionales y liderazgos desde la administración pública, se seguirá retrocediendo en las siguientes evaluaciones del Barómetro y desaprovechando el potencial de los datos abiertos para generar impacto social y económico.

¿Qué nos dice el Barómetro sobre Brasil? | Gisele Craveiro

La evolución de Brasil en el Open Data Barometer es un reflejo del avance en el marco legal y en la implementación de la política de datos abiertos en el país. En este sentido, es importante resaltar la aprobación de la ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), la existencia de compromisos de apertura de datos o la promoción en los últimos planes de acción del país en el Open Government Partnership. De acuerdo con lo observado hasta abril del presente año (2020), se debe destacar la oferta de datos gubernamentales en formato abierto sobre diversos temas.

A pesar de los avances, la situación del país podría ser mucho mejor, si no hubiese presentado un estancamiento desde el 2018, mientras que, en otros aspectos, se dio un retroceso que afectó mantener y expandir los esfuerzos. Los principales puntos, hacen referencia a los recursos destinados al mantenimiento del portal de datos abiertos y a la gobernanza de la política nacional de datos abiertos en relación con la participación social.

Desde la creación de la Infraestructura Nacional de Datos Abiertos (INDA) en 2012, el desaparecido Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, el cual lideró la implementación en el gobierno federal brasileño hasta el 2018, ya que, en el 2019, el decreto 9.903 dio esta responsabilidad a la Contraloría General de la Unión (CGU), la cual ha sido protagonista en relación con la política de gobierno abierto, además de ser el principal interlocutor del gobierno con el Open Government Partnership, lo que sin duda ha sido un aspecto positivo . Sin embargo, se cuestiona si la capacidad tecnológica de la CGU es suficiente para llevar a cabo el mantenimiento de las iniciativas de apertura de datos con las administraciones públicas, así como los recursos que se destinan para la implementación de la política de datos abiertos, debido a la inconstancia del portal de datos abiertos, ya que no publican recursos, y en otros casos, permanece temporalmente suspendido.

En la edición de 2020, el país abordó significativamente la dimensión de la implementación en un escenario pre pandémico. Se espera que el país continúe creciendo en este sentido, a pesar de los graves problemas presentados con la falta de datos debido a la pandemia de COVID-19. En este sentido, es importante señalar la necesidad de que el portal de datos abiertos del gobierno federal brasileño se consolide. Es posible visualizar una dispersión en las publicaciones en las páginas de otras agencias, lo que indica que la implementación de la política de datos abiertos aún no ha logrado presentar un catálogo centralizado y único para la administración pública federal. No contar con esquemas de publicación estandarizados puede conllevar a futuras dificultades en el mantenimiento, uso y reutilización de los recursos disponibles. Es por esto, que el país puede y debe avanzar con un enfoque coherente de gestión y publicación de datos. Se espera que el país mantenga activa su iniciativa de datos abiertos, y que cuente con los recursos adecuados, incluyendo el aporte que otros sectores de la sociedad puedan ofrecer, lo que nos lleva al siguiente punto.

Uno de los aspectos sobresalientes de la Iniciativa Nacional de Datos Abiertos (INDA) ha sido su nivel de colaboración. A pesar de esto, desde el 2018 no se han realizado reuniones del Comité de Gestión de la INDA, aunque los diferentes sectores como órganos públicos, academia y sociedad civil continúan trabajando de manera conjunta, pero el planeamiento estratégico no está siendo evaluado. Lamentablemente, esta situación empeoró con la extinción del Comité de Gestión mediante el Decreto 9759/2019, y hasta la fecha no se ha instituido un órgano participativo y colaborativo equivalente. Este grave retroceso en la política y en la implementación de la apertura de datos gubernamentales en Brasil, corresponde con la posición de un gobierno que ha reducido de manera importante los espacios de participación de la sociedad en los consejos. Y que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos en organismos multilaterales.

Hasta el momento Brasil no ha logrado avanzar lo necesario en el impacto que los datos abiertos generan, aunque hay un gran margen de acción con los gobiernos locales, apoyándolos en las políticas de apertura de datos. A pesar de que la autonomía entre los entes de la federación brasileña ha sido una barrera, se debe promover mecanismos para establecer alianzas y aumentar la capacitación. Además, el impacto económico y social podría aprovecharse con una mayor interacción entre los consumidores de datos presentes en universidades, empresas, y organizaciones de la sociedad civil.

Dar a conocer lo que ya existe, dar a conocer los instrumentos disponibles para solicitar datos, identificar problemas y oportunidades para mejorar los datos existentes, conectar a los actores del ecosistema y ofrecer líneas de financiamiento, son medidas que podrían ser adoptadas de manera continua y consistente porque los impactos derivados de estas acciones a menudo solo se producen a largo plazo.

Estudiar y evaluar el impacto económico de los datos abiertos y el papel que pueden jugar en la recuperación económica de la crisis generada por la pandemia COVID-19 deben ser actividades prioritarias para aportar evidencia a las políticas públicas brasileñas y fortalecer su iniciativa de datos abiertos.

Barómetro de Datos Abiertos 2020 para América Latina y el Caribe: Las paradojas del caso chileno | Álvaro Ramírez-Alujas

Para la medición del Barómetro de Datos Abiertos 2020, Chile alcanza el puesto número 6 de 24 países en la región. El resultado puede ser positivo y alentador, pues no solo se mantiene o mejora en la posición relativa de los subíndices que lo componen (preparación, implementación e impacto), sino que presenta niveles mayores que llaman la atención, en un contexto donde la estrategia y política de datos abiertos ha quedado, desde hace unos años, relegada a una mínima prioridad en la agenda gubernamental, y donde pocos esfuerzos visibles existen, de manera integrada.

En los últimos años, si bien Chile ha sostenido el impulso en materia de apertura de datos (casi por un efecto inercial de determinadas iniciativas o dinámicas institucionales), ha ido perdiendo protagonismo de manera progresiva en el contexto regional comparado, lo que da cuenta de una estrategia trunca o derechamente inexistente. Llama la atención que para la medición de 2020, Chile mejore los resultados en todos los componentes que integran el barómetro: obtiene un puntaje de 54,44 (bastante más alto comparado con los 40 puntos de 2017), y en el desglose en preparación obtiene 61 puntos (54 en 2017), implementación con 75,67 puntos (respecto de 55 en 2017), y en impacto 26,67 puntos (comparado con 12 en 2017). En síntesis y desde una mirada longitudinal, Chile ha ido mejorando sus resultados en el periodo 2013-2020: 38 puntos en 2013; 51 en 2014; 40 en 2015, 41 en 2016; 40 en 2017; y 54 puntos en 2020.

El salto en el puntaje entre la anterior edición del barómetro (2017) y la actual (2020) sorprende e invita a una reflexión más profunda. Chile se ubicaba en el puesto número 20 en la medición de 2017, de un total de 30 países en la muestra (alcanzando 40 puntos desglosados en 54 en preparación, 55 en implementación y 12 en impacto). Mirado en retrospectiva, las conclusiones genéricas de esa última medición siguen siendo válidas para el caso chileno: un cumplimiento parcial de los principios básicos de la Carta Internacional de Datos Abiertos (pese a haber sido protagonista en su redacción y aprobación en 2015); inexistencia de un marco institucional que articule el tejido normativo de acceso a información pública (apertura por defecto y publicación con propósito) con medios de implementación (en el plano técnico y tecnológico); ausencia de un ecosistema dinámico, entre otras cuestiones.

Que los datos se sigan gestionando desde una lógica insular y aislada, desde un espacio institucional fragmentado, inhibe la posibilidad de fortalecer un (hasta ahora) casi inexistente ecosistema de actores, que requiere de una arquitectura mínima, una gobernanza de datos visible, y una infraestructura normativa y tecnológica adecuada. Salvo contadas excepciones y bajo un contexto de presión de organizaciones de la sociedad civil o grupos de interés específicos, no se están publicando datos que sean valorados socialmente o que respondan a una lógica de demanda desde la ciudadanía (más allá de la oferta institucional). Existen casos excepcionales como la plataforma presupuesto abierto que responde a un anhelo por fortalecer la transparencia presupuestaria, o la iniciativa datachile que, en ausencia de la debida gestión y actualización del portal de datos de gobierno, sustituyó – al menos parcialmente – la necesidad por contar con datos de calidad. En este contexto, se observa que los organismos públicos han ido impulsando sus propias iniciativas, como parte de compromisos de gobierno abierto o por voluntad e interés propio, al ver en los datos abiertos una oportunidad para crear valor público, como es el caso de Chilecompra, el Servicio Civil o la Comisión Nacional de Energía, Contraloría, o la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), entre otras.

No obstante, un elemento que puede explicar el avance sostenido en el periodo 2017-2020, radica en la Agenda Digital 2020 y en la reciente creación de la División de Gobierno Digital en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Desde el año 2016, Chile ha venido trabajando en una intensa agenda de fortalecimiento del marco institucional y de gobernanza para la transformación digital en el sector público, con apoyo de la OCDE. Sin embargo, uno de los principales desafíos que tiene Chile es consolidar un sector público impulsado por datos. De acuerdo a la OCDE, se requiere con urgencia una estrategia nacional y un marco robusto sobre gobernanza de datos.

Finalmente, Chile debe avanzar en fortalecer una infraestructura integrada de datos abiertos, que incluya normas técnicas, orientaciones de política y desarrollo de capacidades, y además promover el desarrollo de un ecosistema de actores vigoroso y espacios de colaboración que permitan no solo avanzar hacia un enfoque de política pública basada en evidencia, sino a una cultura de apropiación, uso y provecho de los datos abiertos en el conjunto de la sociedad.

Sobre la situación de Uruguay en el Barómetro de Datos Abiertos 2020 | Javier Baliosian y Lorena Etcheverry

Se ha publicado el Barómetro de Datos Abiertos 2020 para América Latina y el Caribe y, comparativamente, Uruguay aparece de nuevo en una muy buena posición; con 64 puntos en el indicador regional, el país más pequeño del cono sur se ubica a la cabeza de toda la región.

Es así que se ven casos de evidente éxito que se benefician de la plataforma de datos abiertos disponible en el país como A tu Servicio, donde el propio gobierno pone a disposición métricas sobre los prestadores de salud que luego la población puede utilizar para tomar decisiones informadas sobre a quién confiarle su salud, o los datos en tiempo real de la movilidad del transporte público de Montevideo que han sido aprovechados y puestos a disposición de los viajantes no solo por las aplicaciones creadas por el gobierno local sino por aplicaciones independientes.

Sin embargo, el número con el que el Barómetro intenta comunicar la valoración de los expertos sobre la situación de datos abiertos del país habla, también, de una situación multidimensional y diversa que, incluso en un caso positivo como el uruguayo, conviene desmenuzar y observar cómo evoluciona y por dónde.

Por ejemplo, la disponibilidad de datos ha sido de utilidad para los equipos de investigación del país durante la pandemia de COVID-19, particularmente para varios grupos de investigadores independientes, de las áreas de conocimiento más diversas y no siempre evidentes, que trabajaron en todo tipo de modelos y herramientas para predecir la evolución de la epidemia y apoyar a los tomadores de decisiones. El Barómetro de 2020 muestra niveles de implementación altos y muy altos en términos de apertura de datos censales detallados (85 puntos), de desempeño del sector salud (70 puntos), e incluso de los horarios del transporte público (100 puntos), o los datos geográficos (95 puntos), relacionados en buena medida con aspectos claves en una epidemia como la movilidad de las personas. El avance ha sido notable en términos de lo que cuenta como “implementación” para el Barómetro: en 2013 obtenía un poco más de 34 puntos, en 2017 los expertos ya le asignaban 70, y para 2020 el puntaje global en implementación alcanzó 82,33 puntos.

Pero es hilando más fino que quizás puede verse un lado preocupante entre todos estos datos positivos y que, en cierta forma, quedó patente durante el trabajo que se realizó en la pandemia por parte de los grupos de investigación: luego de un trabajo inicial basado en los datos disponibles hasta comienzos del 2020, los investigadores independientes en Uruguay, chocaron con fuertes dificultades para acceder a los nuevos datos que se iban generando específicamente sobre la epidemia.

Es posible que esta situación tuviera que ver con un aspecto que deja patente el Barómetro 2020; el impacto de todo este avance de implementación, si bien ha aumentado de 8 puntos en 2013 a 28 en 2017 y 35 en 2020, hace bajar a Uruguay a una tercera posición en la región en este aspecto en particular, relegando detrás de países con peores índices de preparación e implementación y, sobre todo, lo deja desfasado con otros países del mundo con puntajes similares en preparación e implementación. Este aspecto resulta curioso y quizás tenga que ver con un avance demasiado diferenciado entre, por un lado, la preparación para trabajar con datos abiertos en las áreas técnicas y de gestión gubernamental (72,85 puntos) o de la sociedad civil (89,5 puntos) que están directamente involucradas, y por otro, la población en general que parece no ser, proporcionalmente, beneficiaria de un avance tan drástico de esos otros aspectos que pondera el Barómetro. Si bien el impacto político de la situación de datos abiertos del país llega a unos razonables 44 puntos, el impacto social y el económico se quedan, en 2020, en apenas 30 puntos. Aunque, de nuevo, el avance es considerable contra los 5 puntos de impacto económico y social de 2013 y los 20 puntos que tenía el país en 2017 en esos dos aspectos. ¿Influyó esta falta, relativa, de impacto en que las autoridades, que apenas habían asumido el gobierno cuando llegaron al país los primeros casos de COVID-19, demoraran en ponderar la utilidad de abrir los nuevos datos sobre la epidemia para que todo el sistema de investigación local pudiera trabajar sobre ellos?

Quizás el desfase entre la preparación del país y su nivel de implementación con el impacto que éstos están teniendo sea inevitable y se deba precisamente a la velocidad con la que han mejorado los primeros dos aspectos. Quizás es solo cuestión de tiempo para que la plataforma de datos abiertos que comienza a consolidarse en el país, pasando de un puntaje global de 33 en 2013 a los 63,55 de este año, sea percibida y utilizada como la infraestructura sobre la que agentes de todo tipo, dentro del gobierno, en la academia, en el sistema de empresarial y en la sociedad civil, se apoyen para contribuir en aspectos tan diversos como el abordaje de la pandemia, la movilidad de los ciudadanos, o el prestador de salud que eligen.

Centroamérica: La revolución de datos: una reflexión crítica sobre el movimiento de Datos Abiertos | Marielos Chang

En el 2007 Barack Obama planteó por primera vez la idea de un “google para gobierno”. Una plataforma accesible que permitiera ordenar y clasificar datos para uso público. A partir de ese discurso nació data.gov y un movimiento que pronto llegaría a todas partes del mundo.

Parece extraño llamarle “movimiento” al frenesí que provocó la apertura de datos, pero si nos fijamos bien, la simple idea de que abriendo datos se mejoraría la transparencia del gobierno, y motivaría a la gente a involucrarse más en la toma de decisiones, provocó la creación de cientos de nuevas organizaciones de sociedad civil, espacios de colaboración ciudadana y eventos internacionales. Parecido al movimiento ecologista, que pasó de unos simples científicos que empezaron a ver que el mundo se estaba calentando, a más gente que decidió creerles y empezó a exigirle a sus autoridades que hicieran algo para prevenirlo. Con la Asociación de Gobierno Abierto (Open Government Partnership) sucedió algo similar, la sociedad civil empezó a exigir más transparencia, y, como consecuencia, los gobiernos empezaron a crear políticas públicas para la apertura de datos. Varios años después, gracias a las múltiples ediciones del Barómetro de Datos Abiertos de América Latina y El Caribe podemos medir qué tan exitoso -o no- ha resultado el movimiento.

De acuerdo a la última edición del Barómetro de Datos Abiertos, la región centroamericana ha sostenido una leve mejoría en sus políticas de datos. Por ejemplo, Guatemala pasó de tener una calificación de 24 puntos en el 2016, a tener 31 puntos en el 2020. Costa Rica, por su parte, ha demostrado una consistencia en su progreso, ya que no solo es el país que más ha aumentado su puntuación general, sino también es el país que mejor calificación tiene en el índice de implementación, y el segundo mejor (solo atrás de Honduras) en el índice de impacto. Entre los casos de éxito, el otro país de la región que le disputa a Costa Rica su liderazgo en la aplicación de políticas de datos abiertos, es Panamá. Comparando los resultados de las ediciones anteriores, podemos observar que al igual que Costa Rica, Panamá ha logrado mejorar su calificación general, y ha enfocado sus esfuerzos en que la disponibilidad de datos se convierta en un valor agregado para los ciudadanos, y sobretodo para los emprendedores. Esto lo vemos con los indicadores que reflejan una mejoría en el apoyo que el gobierno le ha dado a los emprendedores a través de entrenamientos para la correcta utilización de datos, y la disponibilidad de información que tiene ver con tenencia de tierras y mapas.

Si nos quedáramos con esos datos, no nos sería difícil decir que todos esos hackathons de los sábados en la mañana valieron la pena. Pero la particularidad del Barómetro de Datos es que nos permite evaluar otras variables con mayor profundidad.

Examinando con más detenimiento el Barómetro, nos damos cuenta que ninguno de esos “ avances” se traduce a una mejoría en la vida del ciudadano, o en la transparencia del gobierno. Refiriéndonos a este último, según los datos de BDA, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua la política de datos abiertos no han tenido ningún impacto en aumentar la transparencia o la rendición de cuentas del país. Y cuando digo ningún impacto, me refiero a que la puntuación es 0. Aunque para ser justos, Honduras (40) y Costa Rica (50) salvan ligeramente a la región en ese aspecto. Ahora, si 29 discutimos si ha habido un incremento de la efectividad del gobierno a partir del uso de datos, todos los países centroamericanos, sin excepción alguna, han fracasado rotundamente en esa variable.

De igual forma sucede cuando analizamos la disponibilidad de datos que pueden mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Si bien es cierto que todos los países han logrado hacer más disponibles datos sobre el presupuesto general y el gasto público, se han quedado muy cortos en poner a disposición datos que: (1) le importan a los ciudadanos; y (2) pueden ayudarlos a tomar mejores decisiones. Datos sobre transporte, servicios de salud, educación o crimen, son datos que pueden tener un impacto directo en el bienestar de la persona. El tránsito tiene consecuencias económicas importantes. Un estudio del Open Data Institute en Londres da cuenta de un ahorro de hasta 58 millones de libra en tiempo de los pasajeros. Por otro lado un estudio de la universidad de Umea en Suecia, descubrió que si uno de los dos miembros de una pareja pasaba 45 minutos o más viajando al trabajo, su probabilidad de divorcio aumentaba en un 40%. Quien sabe cuántos divorcios se pudieron haber evitado si los datos de transporte hubieran estado disponibles.

Con los datos relacionados a la economía, la lectura es más o menos la misma. Aunque los países centroamericanos –excepto Nicaragua- tienen puntuaciones arriba de los 60 puntos en la disponibilidad de datos de comercio exterior, los esfuerzos continúan siendo escasos para que empresas y emprendedores puedan utilizar esos recursos. Evidentemente la consecuencia es que no se registra ningún impacto positivo provocado en la economía gracias a los datos abiertos.

Aunque esta última edición del Barómetro nos hace reflexionar que queda mucho por hacer, también nos ayuda explicar porque el movimiento de Datos Abiertos ya no tiene el impulso que tuvo hace un par de años atrás. Cuando el movimiento inició, una de las premisas más contundentes era que una vez se empezarán a abrir los datos, los ciudadanos iban a empezar a utilizarlos. Similar a la idea del movimiento urbanista que dice que una vez se construyen ciclovías, las personas empiezan a usarlas. Aunque para el urbanismo esa inferencia es correcta, para los datos abiertos resultó parcialmente cierta. Los ciudadanos van a empezar a utilizar los datos a medida que esos datos les sirvan para tomar mejores decisiones. Saber que transporte usar, en qué escuela inscribir a sus hijos, a qué centro de salud acudir, o en qué invertir, son los datos que se deben empezar a liberar.

Y acá es dónde se ve una oportunidad para una segunda ola del movimiento. Si algo han dejado los años son lecciones, y estrategias. El hecho que hoy varios de los países de la región hayan dedicado esfuerzos a la política de datos abiertos y a su implementación, demuestra que la estrategia era la correcta. La sociedad civil puede presionar, puede coordinar y colaborar con “campeones públicos” para que las demandas se conviertan en políticas públicas nacionales. Parafraseando al activista político y co-creador del movimiento Occupy Wall Street, Micah White, los esfuerzos se deben re-direccionar para que la revolución de datos abiertos no se quede sólo en un movimiento, sino se convierta en el nuevo orden social permanente.

El Caribe en el Barómetro de Datos Abiertos | Maurice Mcnaughton

Esta edición regional del Barómetro de Datos Abiertos (ODB) presenta siete (7) países del Caribe: Bahamas *, Belice *, República Dominicana, Guyana *, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Tres de estos países ingresan por primera vez en el índice. En este artículo examinamos más de cerca el desempeño del Caribe para interpretar el progreso de la región desde la edición de 2016, la disposición de los gobiernos del Caribe para implementar la práctica de datos abiertos e inferir lineamientos de políticas públicas para realizar su potencial de impactar positivamente en la vida de los ciudadanos.

Principales aspectos destacados para el Caribe:

• Aunque la mayoría de los países han mostrado un progreso modesto en términos de su evaluación desde la edición de 2016, los países del Caribe han perdido terreno en relación con sus contrapartes de América Latina

• La República Dominicana ha reemplazado a Jamaica como el principal país del Caribe y ha mejorado su posición a 8º en la América Latina y el Caribe, impulsado por el aumento de la disponibilidad de conjuntos de datos abiertos que conduce a un aumento significativo en el sub- índice de implementación

• Jamaica ha caído del puesto 7 al 14 en la región de América Latina y el Caribe, mostrando que las iniciativas del Gobierno como el portal de datos abiertos y la formulación de políticas de datos abiertos se han estancado

• Santa Lucía ha mostrado la mejora relativa más significativa desde la edición de 2016 y se beneficia de ser el único país caribeño que tiene una política de datos abiertos aprobada por el gabinete que adopta el principio de “abierto por defecto”

• De los nuevos países que han entrado en el ranking ODB, el progreso de Belice es uno para observar, actualmente cuentan con un grupo de trabajo en la Alianza de Gobierno Abierto activo y muestra una fuerte participación tanto del sector privado como de los actores de la sociedad civil.

Consideraciones de política

• Varios países del Caribe se han beneficiado del apoyo financiero y el ímpetu político derivado de los programas ODRA del Banco Mundial, así como de las actividades de demanda y creación de capacidad de las iniciativas de Datos Abiertos para el Desarrollo (OD4D) realizadas por el Instituto Abierto del Caribe en la región. Esto subraya la importancia del apoyo financiero y técnico externo para proporcionar un catalizador para las actividades de datos abiertos en los pequeños estados insulares en desarrollo, donde compite con una gama de otras demandas de políticas socioeconómicas por recursos escasos y atención política

• El incipiente pero prometedor programa del Gobierno Abierto El programa en Belice, apoyado por la Organización de Estados Americanos (OEA) / Trust for the Americas, es un ejemplo actual que demuestra la importancia de este tipo de estímulo externo.

• Mantener el impulso y la escalabilidad de las iniciativas de datos abiertos a través de los cambios en la administración política es un desafío, ausente un compromiso expreso para formular políticas de datos abiertos que se adhieran a los principios y prácticas de apertura por defecto.

• Las empresas y los emprendedores en países como Jamaica, demuestran la capacidad y disposición para aprovechar la oportunidad económica que ofrecen los datos abiertos, pero esto no es suficientemente acompañado de un compromiso y una acción proporcionales en el parte de los gobiernos en términos de iniciativas y políticas apropiadas.

• La inversión sistemática en iniciativas de educación y creación de capacidad de base amplia debe abordarse en tres niveles: concienciación en los sectores público y privado; alfabetización digital y de datos generalizada y habilidades especializadas en datos e inteligencia artificial. Esto es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema de datos abiertos en el Caribe. No se puede subestimar el papel activo de la academia en este esfuerzo.